Avances y Desafíos: 25 años de Epidemia en Brasil

Apartes del texto "Resposta - Experiencias del Programa Brasileiro de DTS e AIDS, del Programa Brasilero de ITS y SIDA":

"El alcance de la respuesta brasileña a la epidemia del VIH/SIDA es incuestionable. La prevención ha contribuido a la reducción de nuevas infecciones y eso puede ser confirmado por diferentes indicadores. A mediados de la década de los 80, el uso del preservativo en la última relación sexual entre jóvenes en la franja de edades entre 15 y 24 años era del 6,5% (Demographic Health Survey - DHS, 1986). Actualmente, el escenario es otro: el 57,3% de los jóvenes entre 15 y 24 años relatan uso de preservativo en la última relación sexual (Investigación de Conocimiento, Actitudes y Prácticas en la Población Brasileña de 15 a 54 años - PCAP, 2004). Otro dato importante es que el 74,1% hace uso del preservativo en relaciones eventuales (...)

Durante muchos años el campo de la prevención asumió como orientación de sus acciones un abordaje centrado en el cambio de comportamiento. Incorporaba la noción de riesgo aplicada al comportamiento, lo que reducía su capacidad explicativa para eventos complejos como los que se presentaban en el diagnóstico y tendencias de la epidemia. El abordaje del “comportamiento de riesgo” generaba controversias y daba margen a interpretaciones equivocadas sobre la situación de grupos poblacionales específicos frente a la epidemia. Ocurrió, por lo tanto, una distorsión del uso y aplicabilidad del abordaje del concepto de riesgo, útil para el campo de la epidemiología y frágil en los contextos y determinantes sociales de la epidemia de ETS/SIDA.

La imposibilidad de comprender la intersubjetividad y los contextos estructurales de este proceso, trajo al campo de la prevención la necesidad de un nuevo abordaje conceptual. Este abordaje, basado en los principios de derechos humanos, de movilización social y de vulnerabilidad (individual, social y programática), fue incorporado después de la construcción del proyecto PREVINA (89-90), que se constituyó en una referencia para el campo de prácticas de la prevención hasta la firma del SIDA I (93/94) y SIDA II (98/99), cuando se abrió el debate sobre la utilización del concepto de vulnerabilidad y violencia estructural derivado de la interrelación entre los aspectos individuales, sociales, culturales y políticos en la contextualización necesaria para el diseño de estrategias y prácticas de prevención de las ETS/ VIH/SIDA.

El concepto de vulnerabilidad fue utilizado y aplicado por Jonathan Mann en la década de 90, para entender los aspectos relativos a la promoción, a la prevención y a los derechos humanos de las personas que viven con VIH/SIDA. Utilizó la definición que la abogacía internacional por los derechos humanos propone sobre las personas vulnerables: grupos o individuos fragilizados, jurídica o políticamente, en la promoción, protección o garantía de sus derechos de ciudadanía. Su aplicación con relación al SIDA fue analizada a partir de tres dimensiones: social, político-institucional y comportamental de personas, grupos poblacionales e inclusive países. Por lo tanto, segundo Mann, la vulnerabilidad puede ser dimensionada según sus características individuales, programáticas y sociales.

La tendencia a la estabilización de la epidemia sólo fue posible gracias a la estrategia de integrar prevención y asistencia, con participación directa de la sociedad civil, especialmente de las organizaciones de personas que viven con VIH/SIDA. La combinación de interés público, movimientos sociales e intervención temprana, provocó mejorías significativas en todos los niveles.

Esta ventaja comparativa, sin embargo, aún requiere perfeccionamiento y calificación para que los coordinadores de programas puedan responder a las nuevas tendencias de la epidemia y asegurar sostenibilidad de las acciones para las poblaciones más vulnerables. Algunos desafíos todavía deben ser enfrentados a la luz del desarrollo del campo de prácticas de la prevención, por ejemplo:

• Preparación de los coordinadores locales para que califiquen las acciones de prevención a partir de un enfoque que combine un abordaje predictivo y estratégico de las tendencias actuales con relación al proceso de toma de decisiones;
• Definición de estrategias de prevención para un abordaje de las ITS en el espacio de actuación de la atención básica, y promoción de asociaciones mancomunadas que garanticen la ampliación de estas acciones a otros segmentos más vulnerables mediante la articulación con organizaciones de la sociedad civil y del sector privado;
• Ampliación del acceso de la población al test anti-VIH y garantizar acciones orientadas hacia el control de la transmisión vertical a partir de las acciones articuladas con la atención básica; y
• Prevención positiva dirigida a las demandas de las PVA (Personas Viviendo con SIDA) dentro de un enfoque que valorice la participación directa de estas personas en la elaboración de las políticas públicas de ETS y SIDA.

Para la elaboración de respuestas eficaces y sostenibles de promoción y prevención, es necesario considerar la relación entre el Sistema Unificado de Salud (SUS) y la sociedad civil para:

• Formulación de políticas públicas de promoción y prevención de las ETS/VIH/SIDA para la población en general y segmentos poblacionales específicos y más vulnerables que, efectivamente, apuesten a la integralidad de las acciones sin disociar la prevención de la asistencia;
• Identificación de los actores que deban asumir un papel protagónico, con miras a enfrentar la epidemia desde una perspectiva intersectorial;
• Implantación de sistema de monitoreo del desarrollo descentralizado de las acciones de promoción y prevención en materia de ETS/VIH/SIDA ante los gestores locales y las organizaciones de la sociedad civil, inclusive para la adquisición, distribución y logística de insumos estratégicos para prevención; e
• Implantación de mecanismos para garantizar el nivel necesario y la continuidad de inversiones en la salud pública y el control social de estas inversiones (pacto entre los niveles federal, estatal y municipal, incentivos y repases “fondo a fondo”, asociaciones mancomunadas con el sector privado, etc...).